ACLU condena intención de reabrir centro de detención para migrantes en Aguadilla
El capítulo puertorriqueño de la ACLU señaló su preocupación sobre los incentivos monetarios de la “autodeportación”
Ante las recientes declaraciones de la agente especial del HSI en Puerto Rico, Rebecca González, sobre la posible reactivación del centro de detención en Aguadilla como parte de una estrategia federal para acelerar procesos de deportación, la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico rechazó de forma enfática este planteamiento, por considerarlo una grave afrenta a la dignidad humana y una amenaza directa a los derechos de las personas migrantes en Puerto Rico y el Caribe.
“Reabrir un centro de detención masivo en nuestra región representa un retroceso moral, legal y humanitario. Lo que se busca con esta actuación es legitimar la iniciativa del presidente Trump de criminalizar a las personas migrantes en violación a la Constitución de los Estados Unidos y de los tratados internacionales que los protegen”, leen las expresiones de la organización. “Las condiciones de detención, por más que se proclamen “protegidas por directrices constitucionales”, no pueden garantizar ni la seguridad ni el bienestar de quienes son forzados a permanecer tras barrotes mientras enfrentan procesos migratorios complejos. La detención no es ni debe ser el estándar para gestionar la movilidad humana”.
El capítulo puertorriqueño de la ACLU señaló su preocupación sobre los incentivos monetarios de la “autodeportación”.
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“Llamar ‘voluntario’ a un proceso impulsado por miedo, precariedad y falta de opciones legales reales es cruel. También repudiamos la narrativa que insinúa que la deportación es una respuesta justa, cuando lo que enfrentan muchas de estas personas es la persecución, la pobreza extrema o la violencia estructural en sus países de origen”, enfatizó la organización. “Puerto Rico no debe convertirse en un enclave estratégico para la detención y deportación de comunidades vulnerables del Caribe y América Latina. Lo que necesitamos son designaciones de espacios sensibles, políticas de acogida, inversión en procesos de regularización, y el respeto irrestricto a los derechos humanos, no cárceles”.
